En el PSOE estamos cansados que desde el partido andalucista y sus afines cada vez que cualquier juzgado decide intervenir contra algunos de sus acólitos, traten de derivar la responsabilidad en aquellos que tenemos la obligación de supervisar la política municipal y denunciar cuantas anomalías e irregularidades se lleven a cabo, defendiendo la igualdad en el trato de todos y cada uno de los ciudadanos de Utrera desde las instituciones que nos representa que es el Ayuntamiento. No entendemos comos se puede acusar de mentir cuando el juzgado de lo contencioso-administrativo dictó sentencia el 15 de mayo de 2006 estimando el recurso nº 473/05 contra los dos decretos de licencias de demolición y de obras de la finca en cuestión, debiendo anular las mismas por ser contrarios a Derecho. Pese a que el alcalde recurre la sentencia, con el dinero de todos, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; finalmente el 5 de diciembre de 2006 la Sala falla desestimando el recurso de apelación contra la sentencia de 15 de mayo de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Sevilla. Con imposición de costas a la parte apelante y volviendo a darnos la razón de nuevo y desautorizando al alcalde del procedimiento seguido para otorgar dichas licencias.
Más tarde, el propio alcalde al ser interpelado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Alcaide, en el apartado de ruegos y preguntas del pleno ordinario celebrado el pasado 14 de mayo de 2009, reconoció que ha sido sancionado con 24.000 euros, resolución sin precedentes en materia urbanística en Utrera, debido a las numerosas irregularidades cometidas por el propio ayuntamiento en la concesión ilegal de la licencia de demolición y construcción de un edificio catalogado en la C/Sevilla nº 31 por lo que tampoco pueden escudarse en que la Consejería de Cultura aprobó proyecto alguno, porque la sanción impuesta al ayuntamiento demuestra una vez más las irregularidades cometidas.
Para más inri y como constatación y veracidad de nuestra denuncia, ratificada por dos juzgados y la Consejería de Cultura, el pasado viernes, 29 de enero de 2010, Mª Dolores Pascual González, actual concejal-delegada de Asuntos Sociales y del área del Mayor tuvo que comparecer ante el Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Utrera para ser interrogada en calidad de imputada por la Fiscalía de Sevilla, por una serie de graves delitos denominados por la misma de “radical oposición a la legalidad”, siendo necesario investigar judicialmente los hechos por si pudieran ser constitutivos de delito previsto en los artículos 321, 320 y 404 del Código Penal. Dichos artículos están referidos a sendos delitos contra el Patrimonio Histórico y la Ordenación del Territorio, así como de prevaricación. Las penas por consiguiente que se barajan son las de prisión entre seis meses y tres años, multa de uno a dos años, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. En la denuncia que interpone el fiscal también insta a “que se cite a declarar, en concepto de imputados a las personas que resulten haber votado a favor de tales acuerdos…”; en este caso se refiere a todos aquellos miembros de la Comisión del Conjunto Histórico que en las diferentes reuniones celebradas por dicha comisión el 25 de mayo, 21 de junio, 29 de julio y 30 de septiembre de 2004 formaban parte de la misma y votaron a favor de dicha concesión. Por lo que está justificado el temor y el nerviosismo del alcalde y de aquellos concejales que votaron a favor de dicho otorgamiento.
Ante las insinuaciones que se están haciendo por los andalucistas, desde el PSOE queremos aclarar que el portavoz del Grupo Socialista siempre ha actuado respetando la legalidad, nunca ha firmado ni aprobado licencia de obras o de demolición porque entre sus cometidos cuando ha estado en la acción de gobierno nunca ha tenido delegación alguna en esos menesteres. Sabemos que los que redoblan los ataques contra el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Alcaide; nos estamos refiriendo al alcalde, concejales/as andalucistas, concejales consortes, gabinete de prensa, etc; han mirado con lupa en cada una de las áreas en las que ha sido delegado municipal y nunca habrán encontrado objeción alguna respeto a la legalidad de sus actuaciones, en caso contrario ya hubieran intentado depurarle desde todos los puntos de vista, y en lo personal ha cumplido estrictamente con sus obligaciones. Llegado a este terreno, incluso el propio secretario general del ayuntamiento tuvo que custodiar los expedientes referidos a su inmueble, porque se dedicaron a acceder a él todos los mencionados antes e incluso tenemos el convencimiento que desaparecieron documentos, donde se demuestra claramente los bulos y las injurias sobre el mismo y que no existe inconveniente alguno en volver a aclarar.
El proyecto de obra de fecha 7/7/1998 y nº de registro 3771 entró en la Delegación Provincial en petición de la autorización del proyecto básico y de ejecución de mi vivienda. Contando con informe favorable en la sesión de la Comisión Provincial el 16/7/1998. Siendo uno de los primeros expedientes que el portavoz socialista quiso enviar, pese a que el inmueble no estaba en la propuesta de catalogación del PGOU, pendiente aún de aprobación, ni por supuesto aún se había encargado los trabajos para la elaboración del Plan Especial del Conjunto Histórico. Previamente el 6/6/97 la Comisión Local de Urbanismo emitió informe favorable al proyecto de obra y a la demolición.
Una vez que tuvo conocimiento de la resolución obtuvo el 23/7/98 la licencia municipal de obra 282/1998 al proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar con el nº de visado 959/97T198.
Posteriormente con fecha de 6 de junio de 2000 se concedió la Licencia Municipal de Primera Ocupación. La tramitación como cualquiera puede comprobar es muy análoga, escrupulosamente similar, a todos los que previamente al iniciar una obra solicitan su licencia y pagan las tasas correspondientes.
Nuestro compañero Fernando Alcaide siempre ha actuado con total rigurosidad en el cumplimiento de la legislación vigente, porque si queremos ser exigente en su observancia, debemos empezar por nosotros mismos. Nos gustaría saber si aquellos concejales del partido gobernante que han llevado a cabo diferentes obras en diferentes inmuebles de su propiedad, nos consta que han sido al menos tres, si han seguido tan estrictamente la tramitación y si pueden enseñar la resolución favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla, requisito obligatorio para obtener la consiguientes licencias de obras por nuestro Ayuntamiento. También podríamos hacer mención a las construcciones de la piscina y chalé de otra de las concejalas andalucistas de este Ayuntamiento, así como a numerosas intervenciones y actuaciones de dudosa legalidad que el PSOE ha denunciado y no ha querido judicializar en aras de no crispar aún más el ambiente político en nuestro municipio.
No es tolerable ni ética ni políticamente que quienes han obrado contra la legalidad como ya ha demostrado la justicia, y quienes están siendo investigados e imputados por la fiscalía intenten difamar, calumniar y someter a un linchamiento público a quienes sí han cumplido legalmente con sus obligaciones. Lamentablemente esta es la política barriobajera que el alcalde y los andalucistas han implantado en Utrera. Lo hicieron en la oposición y lo hacen en el gobierno.
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